Hoy, continuamos nuestra discusión que empezamos con el boletín # 5. En ese boletín, discutimos las razones que los clientes utilizan para no presentarse a sus audiencias en la corte. Estamos abordando la barrera del idioma y la falta de informar al tribunal de los problemas de cambio de dirección. En este ejemplo, vamos a suponer que el cliente entró en los EE.UU. cruzando la frontera y fue detenido por funcionarios de inmigración y emitió un aviso de comparecencia (NTA) ante el tribunal, y luego puesto en libertad. Antes de la puesta en libertad, los funcionarios de inmigración darán instrucciones al cliente en el idioma de su elección sobre los pasos siguientes. Pero en muchos casos, los clientes proporcionan una dirección incorrecta a los funcionarios de inmigración por miedo a ser deportados o no informan al tribunal de cualquier cambio de dirección posterior. La reapertura de su caso será un reto si usted es una de esas personas. De acuerdo con la ley, alguien a quien se le ha dado papeleo para comparecer ante el tribunal está obligado a proporcionar al tribunal una dirección y tomar medidas afirmativas para garantizar la exactitud de la dirección. Esta obligación existe independientemente de cómo se haya producido cualquier error en la dirección del cliente. Por lo tanto, es importante informar al tribunal de cualquier cambio de dirección. Además, dado que el papeleo se le proporciona con instrucciones en la lengua de su elección, es difícil, pero no imposible, alegar barrera lingüística.

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RECIENTE CASO INTERESANTE

Se trata de un caso muy interesante sobre el principio de cortesía. La cortesía se refiere a los tribunales de un Estado o jurisdicción que respetan las leyes y decisiones judiciales -ya sean estatales, federales o internacionales- no por obligación, sino por deferencia y respeto mutuo. Se trata de un concepto que se estudia en la facultad de Derecho y que se encuentra en la Cláusula de Cortesía de la Constitución – Constitución – Artículo IV, § 2, Cláusula 2.

Este es un caso del Tribunal del 4º Circuito de Richmond, Virginia, que decide sobre la validez de un divorcio en Ghana. El caso es Adjei v. Mayorkas. La cuestión surge del matrimonio de Michael Antwi Adjei con Barbara Boateng después de que Boateng y Kingsley Kwame Gyasi – ambos ciudadanos ghaneses – se divorciaron en virtud del derecho consuetudinario ghanés. En el momento del divorcio, Boateng y Gyasi eran residentes permanentes legales en Estados Unidos, y ninguno de los dos estaba presente o domiciliado en Ghana. En virtud de su matrimonio con Boateng, Adjei se convirtió en residente permanente legal en Estados Unidos. Pero cuando Adjei solicitó la naturalización, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) determinó que él y Boateng no estaban válidamente casados. El USCIS argumentó que, según la legislación de Virginia, la Commonwealth no reconocería un divorcio concedido por un país en el que ninguno de los cónyuges tuviera su domicilio en el momento del divorcio. Adjei solicitó la revisión de la decisión ante el tribunal de distrito, que concedió la sentencia sumaria a USCIS. Adjei interpuso entonces este recurso. El Cuarto Circuito concluyó que, por una cuestión de cortesía, Virginia reconocería este divorcio válido concedido por una nación extranjera a sus ciudadanos, independientemente del domicilio de los ciudadanos en ese momento. Por lo tanto, el panel revocó y devolvió el caso con instrucciones de conceder la solicitud de naturalización de Adjei.

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